San Diego, 4 Nov (Notimex).- California decidirá el 6 de noviembre si suspende la pena de muerte y la sustituye por cadena perpetua, así como aumentar impuestos a quienes más ganan e imponer los mayores castigos en el país contra traficantes de personas.
El electorado californiano decidirá este martes, en coincidencia con las elecciones presidenciales, sobre 10 iniciativas, algunas de ellas con potencial de impacto nacional.
La primera propuesta es personal del gobernador Jerry Brown, la Proposición 30, iniciativa que busca aumentar impuestos en los próximos siete años a californianos que tengan ingresos personales de un cuarto de millón de dólares o de medio millón en pareja.
Brown reveló esta semana que esa propuesta, la cual podría tener efectos réplica en otros estados, enfrenta una campaña en contra financiada a través de una presunta organización no gubernamental de Arizona.
La idea del gobernador se complementa con un aumento del impuesto a las ventas, que pasaría de 7.75 a 8.0 por ciento, para reunir fondos que financien la educación pública.
En la boleta aparecerá la Proposición 38, muy parecida a la del gobernador, que propone los mismos aumentos de impuestos y se destinen a la educación, excepto porque el dinero que se recaude no debe ir al presupuesto general del estado, sino directamente al Departamento de Educación.
La Proposición 31 dice que para evitar déficits estatales, el presupuesto de California debiera aprobarse cada dos años y obligar a las instituciones a ahorrar en el primero para tener suficiente para el segundo año.
La Proposición 32 enfrenta múltiples críticas porque propone prohibir que los sindicatos y otras organizaciones gremiales y laborales financien campañas electorales, pero no impone la misma prohibición a corporaciones empresariales ni a comerciantes, que son quienes inyectan mayores capitales a las campañas para proteger intereses.
La 33 dice que las aseguradoras de vehículos deben cotizar a los consumidores de acuerdo con su experiencia como conductores, y cobrar menos a quienes tienen menos accidentes e infracciones.
Actualmente los seguros imponen cuotas altas a los conductores y las aumentan si hay multas o percances, pero nunca las bajan.
La polémica Proposición 34 sugiere terminar con la pena de muerte y sustituirla por cadena perpetua.
La apoyan los legisladores que la formularon hace cuatro décadas, los ex jefes de celadores de la prisión de San Quintín, donde se aplica la pena de muerte, la conferencia de obispos de California y diversas autoridades policíacas, entre otros.
La propuesta calcula que desde que se implementó la pena de muerte en California el estado ha gastado más de cuatro mil 33 millones de dólares en aplicarla, casi todo en pago a abogados defensores que obtienen apelaciones automáticas cada vez que hay un nuevo paso en cada caso.
Hasta ahora se han ejecutado a 13 sentenciados, pero están pendientes más de 700, algunos de ellos durante décadas, y California es el estado que más ejecuciones erróneas ha cometido, al aplicar la pena de muerte a inocentes.
La Proposición 35 impone penas mínimas obligatorias de 15 años de prisión a traficantes de personas y de cadena perpetua a quienes también exploten sexual o laboralmente a sus víctimas.
Las multas que establece la proposición empiezan en un millón y medio de dólares en adelante.
Esa propuesta se complementa con una ley aprobada este año que confisca todos sus bienes a los traficantes y explotadores de personas para subastarlos y con el dinero que se obtenga compensar a sus víctimas.
La 35 también exige que se entrene a las autoridades para que identifiquen y auxilien a víctimas de explotación y tráfico.
La Proposición 36 limita que cuando un reo ha tenido dos veces libertad condicional y vuelve a cometer un delito, ya no podrá salir libre de nuevo hasta que concluya su sentencia.
La Proposición 37 exige que todos los alimentos tengan en etiquetado su procesamiento e identifiquen claramente cuando son producto de ingeniería biológica o alimentaria (transgénicos).
La 39 propone cobrar de forma proporcional impuestos a empresas que son multiestatales, y la 40 busca redefinir linderos en distritos electorales para elección de senadores.
